Columnas de Opinión Socios

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Por: José Pedro Mery, director de la Escuela de Construcción de Duoc UC.
La construcción, uno de los sectores económicos con mayor impacto en el PIB, no solo enfrenta importantes desafíos para mejorar la eficiencia, productividad, calidad y ahora integrar la digitalización en sus procesos, sino que además debe enfrentar grandes desafíos en sustentabilidad y el cambio climático. Ambos conceptos son complejos, transversales y vinculantes en todo el ciclo de vida de una obra o proyecto de ingeniería. Y por tanto deben abordarse desde la política pública con visión de largo plazo hasta la redefinición de variados modelos de cálculo acorde a las nuevas solicitaciones medioambientales que imponen las variaciones climáticas.
Frente a la interrogante de cuánto hemos avanzado en construcción sustentable a la fecha, la respuesta políticamente incorrecta es: poco. Por cierto que a nivel de organizaciones estatales y ONGs ha habido muchas iniciativas y discusiones. Pero el gran ausente es una política pública y un marco regulatorio que a través de metas, incentivos y restricciones articule a los múltiples actores y armonice sus esfuerzos.
La actividad de la construcción es intensiva en materias primas y energía durante todo el ciclo de vida de los proyectos y además, debe responder con resiliencia a los cambios climáticos. Según datos del Global Alliance for Buildings and Construction, el uso de energía en la construcción y operación de edificios representa más del 30% de la energía final global, siendo responsable de casi el 25% de los GEI, cifras que se espera aumenten sustancialmente con la expansión sectorial al 2050.
La lenta y en algunos casos nula utilización de tecnologías, procesos y adopción de protocolos de reducción de impactos ambientales no contribuye a poner a la construcción a la altura de otras actividades económicas. Por lo tanto resulta imprescindible definir prontamente estrategias de corto, mediano y largo plazo que fomenten y midan el ahorro energético, la reducción de materias primas, el aumento del reciclaje, la disminución de residuos, la educación ambiental, la disminución de las huellas hídrica y de carbono, aumenten la calidad ambiental de las edificaciones y mitiguen los impactos durante la construcción. Esta carencia sectorial a su vez da la oportunidad para que el sector construcción pueda aportar significativamente a la sostenibilidad.
Nos ha costado avanzar porque en cada etapa de los proyectos hay trabas para reducir impactos y consumos energéticos. Entre ellas destacan la carencia de un análisis integral con mirada de largo plazo al concebir los proyectos. También se debe a la falta de marcos regulatorios, cultura país, composición de la matriz energética, incentivos, entre otros. Si logramos revertir algunos de estos aspectos como el fomento de incentivos y subsidios, la creación de normativa, y las ventajas de tener organizaciones con imagen limpia y responsable, podemos acelerar las sustentabilidad del sector. En la medida que se incorporen acciones y políticas públicas efectivas, el sector construcción tendrá un importante efecto palanca en la reducción y mitigación GEI.
En el contexto anterior también se debe avanzar en perfeccionar las bases de licitación, los modelos de contratos, el accountability del impacto que generan los proyectos, robustecer el levantamiento sistemático y pertinente de datos que permitan retroalimentar y hacer gestión, reformular los modelos de negocios y de evaluación social de proyectos, implementar observatorios intersectoriales de buenas prácticas donde converjan los actores públicos, privados, academia, gremios y ciudadanía, y continuar implementando sistemas de certificaciones que contribuyan a fortalecer una cultura y liderazgo sustentable.
Por estos días estamos ad portas de contar con un nuevo marco jurídico que permitirá asignar responsabilidades de reducción de emisiones o exigir implementación y reporte de medidas de mitigación de emisiones y adaptación a los impactos del cambio climático. Sin duda que es un gran avance. Pero el desafío no se agota con ese cuerpo normativo, ya que solo establecerá los componentes esenciales para la gestión, dejando las acciones específicas para los sectores responsables.